El Gobierno colombiano ya tiene en sus manos los informes que estaba esperando para determinar las salidas jurídicas frente al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), que el 19 de noviembre de 2012 determinó que 75.000 kilómetros cuadrados de mar Caribe ya no eran colombianos y pasaban a estar bajo soberanía nicaragüense. El Espectador conoció que tras meses de intensos análisis en busca de las salidas jurídicas al fallo, tanto los abogados internacionales de la firma británica Volterra Fietta, como el grupo asesor colombiano coinciden en un punto. Para solicitar el recurso de revisión o interpretación del fallo, Colombia podría argumentar que la sentencia de la Corte no reconoció el área correspondiente a la reserva de biosfera Seaflower y la puso en peligro.

Esta zona de 349.000 kilómetros, declarada en el año 2000 Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es el hábitat de más de 400 especies de peces, de ecosistemas interconectados y uno de los sistemas productivos más extensos a nivel oceánico en el Caribe. Con esa declaratoria de la ONU, Colombia asumió el control y manejo ambiental de Seaflower frente a la comunidad internacional. Sin embargo, tras la sentencia, Colombia perdió el 54% de la zona y existe un alto riesgo de que Nicaragua empiece a hacer exploraciones para extraer petróleo y recursos naturales del subsuelo, especialmente de los 65.000 kilómetros cuadrados que fueron declarados en 2005 como área marina protegida por su riqueza natural.

La Fundación Dos Océanos adelanta una cruzada para evitar que Nicaragua desarrolle actividades petroleras en la reserva. Sin embargo, reportes de prensa señalan que desde 2006 el gobierno nicaragüense adelanta planes de exploración en esa zona del archipiélago de San Andrés, cuando el Instituto Nicaragüense de Energía aprobó la exploración y la explotación de petróleo a manos de MKJ Exploraciones Internacionales y la compañía Infinity Energy, empresas norteamericanas. Desde entonces, varias ONG han alertado sobre el riesgo en el que está este patrimonio mundial. Tras el fallo, las alertas aumentaron.

El 22 de noviembre de 2012, el Sistema Regional de Áreas Protegidas del Caribe Colombiano le pidió a la Organización de Naciones Unidas que abogara por la conservación de la reserva de biosfera, pues “las poblaciones del archipiélago de San Andrés y Providencia que generan su sustento, su vida, su economía de la reserva de biosfera, se verían afectados en gran medida por las actividades de exploración y explotación de petróleo y las consecuencias que se derivan de éstas, generando impactos irreversibles sobre los ecosistemas”.

Durante un encuentro en diciembre de 2012, entre los presidentes Juan Manuel Santos y Daniel Ortega, este último aseguró que no explotará Seaflower. “Una de las grandes preocupaciones del presidente Santos es que Nicaragua entregue concesiones petroleras en la zona. Les digo que no lo estamos haciendo. De eso pueden estar seguros en el mundo y puede estar seguro el pueblo colombiano”, dijo el mandatario. Pero el ministro nicaragüense de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli, reveló días después que la empresa española “Repsol, entre otras, ha mostrado interés en realizar exploraciones de yacimientos petrolíferos en el mar Caribe, aunque aún no está definida el área de interés para ellos”.

No es el único riesgo que se cierne sobre Seaflower. La confirmación que hizo Ortega de la intención de su país de construir un canal interoceánico le augura un oscuro panorama a la reserva. El pasado 19 de mayo el presidente nicaragüense no sólo confirmó que su país va a construir un canal que une los océanos Atlántico con el Pacífico, sino que es una empresa china la que realizaría la megaobra. “La empresa china sugirió usar el caudal del Cocibolca, tras efectuar vuelos aéreos para evaluar eventuales rutas para hacer el canal y determinó que la vía del canal interoceánico tendría que pasar lógicamente por el Gran Lago Cocibolca, ubicado sobre una extensión de 8.157 kilómetros cuadrados, frente al océano Pacífico sur de Nicaragua”, explicó Ortega. Se refería a la empresa HK Nicaragua Canal Development Investment Co. Ltd., establecida en Hong Kong, y con la que el Ejecutivo nicaragüense firmó un memorando de entendimiento en septiembre de 2012.

Según expertos consultados por El Espectador, la construcción del canal sería la estocada final para Seaflower, que podría desaparecer en cuestión de años, lo que hace urgente que la Corte tenga en cuenta este hecho “nuevo” que no consideró al emitir la sentencia.

El subdirector de mares y costas de la corporación ambiental Coralina, Erick Castro, aseguró que las amenazas sobre los arrecifes coralinos cercanos al archipiélago de San Andrés van a multiplicarse con el canal. “En este momento el archipiélago es una de las zonas con mayor tráfico marítimo del mundo. Nos encontramos sobre la mayor área de influencia del canal de Panamá, así que los buques se han convertido en un problema, sobre todo en el sistema coralino de Quitasueño, donde frecuentemente terminan encallados. Hemos adelantado gestiones con las autoridades marítimas para que los barcos no pasen tan cerca de los corales, pero el riesgo es inminente y si se construye un segundo canal más grande, los buques no sólo transitarían sino que se establecerían zonas de permanencia (fondeo) donde podrían ocurrir accidentes: vertimientos de petróleo o de aguas de lastre (utilizadas en navegación marítima para procurar la estabilidad de un buque) que pueden venir de otros océanos cargadas de nuevas especies que podrían ser nocivas para nuestros ecosistemas. No tenemos mecanismos para atender estos imprevistos”.

Así, el Gobierno colombiano, además de considerar la tesis de la excanciller Noemí Sanín y el abogado Miguel Ceballos sobre la influencia china en la decisión de la Corte por su interés económico y geoestratégico en la construcción del canal en un supuesto tráfico de influencias, también estaría evaluando cómo incluir esta amenaza ecológica sobre la reserva y todo el archipiélago de San Andrés.

El canal interoceánico, que costará más de US$40.000 millones, además de abrir un paso entre el Atlántico y el Pacífico, requerirá la construcción de puertos, un ferrocarril, un oleoducto y pistas aéreas. Nicaragua ha dicho que las obras harán hincapié en el cuidado de los recursos naturales, ya que de éstos dependerá la producción de las cantidades de agua necesarias para el funcionamiento del canal. También han previsto reparar los daños ambientales ocasionados por las excavaciones y el objetivo explícito de recuperar la vegetación nativa, los caudales de agua y la biodiversidad.

Según el borrador de construcción del proyecto, el interoceánico no competirá con el de Panamá, pues por el de Nicaragua pasarían los barcos de mayor calado, esos que por su tamaño no pueden hacerlo por el Canal de Panamá. Se refiere a los megaships, los barcos más grandes que está construyendo la industria naviera y que tienen capacidad para transportar más de 2.000 contenedores. Según el experto británico en medio ambiente, Fred Pearce, 16 barcos de estos generan más contaminación que todos los carros del mundo.

Nicaragua también contempla recibir barcos petroleros, tanto de crudo como de refinado, pues este sigue siendo el producto más importante que se transporta por la vía marítima. Dichos barcos, explican expertos en un artículo publicado en el periódico inglés Daily Mail, además de altos niveles de contaminación, dejan una estela de sulfuro a su paso, un elemento altamente contaminante y peligroso para la vida marina. “Estarían llegando olas de sulfuro a San Andrés que la desaparecerían, pues se acabarían la pesca y el turismo”, alerta una fuente consultada por El Espectador, quien también explica que esos barcos se quedarían por días en el mar Caribe causando graves daños al ecosistema.

El proyecto señala que para el año 2019 el canal tendría capacidad para captar 416 millones de toneladas métricas, lo que representaría el 3,9 % de la carga marítima mundial, mientras que para 2025 el canal podría recibir 573 millones de toneladas métricas, es decir, un 4,5% de la carga marítima mundial, agrega el informe. Además de China, Venezuela, Brasil, China, Japón, Corea del Sur y Rusia estarían interesados en financiar la obra, de tal magnitud (casi seis veces lo que está costando la ampliación del Canal de Panamá ahora) que, según Ortega, ”representa un gran peso para el desarrollo económico de su país, además de su capacidad para atraer inversiones y generar empleos en numerosas comunidades nicaragüenses”.

La idea de construir una vía interoceánica surgió en 1890, cuando se realizaron grandes esfuerzos por abrir un canal por Nicaragua a través del río San Juan, cruzando el Gran Lago Cocibolca y llegando al Pacífico, a lo que se opuso el Reino Unido por diferencias con Estados Unidos. Por esa razón, la pregunta en la que insiste Ricardo Abello, profesor de Derecho Internacional Público y director del Anuario Colombiano de Derecho Internacional, es dónde está el hecho nuevo que exige la Corte. “Si bien el argumento es válido, estamos partiendo de que Nicaragua va a destruir todo. La Unesco es la que tiene que exigir el cuidado de Seaflower, y dos, no creo que esto vaya a modificar en nada el fallo”, explica. Y se vuelve a preguntar, “¿estos hechos habrían influido en la decisión de la Corte? De otra manera no es un hecho nuevo”.

Y mientras el Gobierno estudia las salidas, ¿qué pasa en La Haya? Luego de que Julio Londoño dejara de fungir como agente ante la Corte Internacional de Justicia de este caso, Colombia no ha inscrito a nadie más, por lo que es el embajador Eduardo Pizarro quien esté al frente. El gobierno de Nicaragua, por su parte, sigue moviéndose como pez en el agua con su embajador, Carlos Argüello, el cerebro de toda la estrategia frente a Colombia y quien lleva más de 30 años defendiendo a su país ante la CIJ.

“Colombia parece estar viviendo la misma ceguera que antecedió la pérdida del Canal de Panamá”, le dijo a El Espectador un abogado cercano al caso. Esta semana, anticipan fuentes cercanas al proceso, se anunciará el retiro total e inmediato del Pacto de Bogotá y se evaluará el paso a seguir para bloquear la estrategia escalonada de la nación centroamericana para seguir reclamando mar.

Los venezolanos siguen peregrinando por los supermercados en busca del papel higiénico que es ahora el protagonista de la escasez en el país, problema que el Gobierno ha decidido afrontar con importaciones y con acercamientos a la empresa privada.

Entre largas filas y estantes semivacíos, la caraqueña Celina Montilla caminaba apurada el viernes por los pasillos de un supermercado del este de la capital venezolana con dos paquetes de papel higiénico en sus manos.

Montilla sabe que lleva un objeto codiciado por estos días en Venezuela, donde el Gobierno debió importar 50 millones de rollos para combatir la falta de este producto, que se convirtió en la cara más visible de la nueva etapa de escasez que enfrenta el país.

"Llevo para la oficina, porque no tenemos nada. Uno anda como un loco buscando papel", dice Montilla a Efe.

La búsqueda de papel higiénico se ha tornado una postal repetida estos días en los supermercados venezolanos, que según reconoció el propio Gobierno atraviesan una escasez "aguda" de algunos productos básicos, entre ellos los rollos de papel y harina de maíz.

A unos pasos de Montilla, la empleada doméstica Yarlis Catro asiente con la cabeza y lamenta las largas colas que tiene que hacer para poder llenar su carrito de compras.

"Uno al final compra lo que hay, no se puede poner muy exigente. Hay que ir de automercado en automercado para poder redondear una buena compra. En uno encuentra los productos de limpieza, en otro la harina, y las colas son horribles", afirma.

Aunque en Venezuela los problemas de abastecimiento son comunes, la situación se agudizó los últimos meses en medio de la falta de dólares para que el sector privado financie las importaciones de alimentos.

Esto ha tenido como consecuencia un alza del llamado índice de escasez, que mide las dificultades para conseguir productos y que en abril tocó el 21,3 %, un máximo en cinco años, según cifras del Banco Central.

Para paliar esta situación, el Gobierno autorizó la importación de 760.000 toneladas de alimentos y se abrió a agilizar la históricamente lenta asignación de divisas para el sector productivo.

Además, inició una ronda de conversaciones con empresarios para aumentar la producción local, golpeada en los últimos años en medio de los controles de cambio y de precios que rigen en el país desde hace una década.

A juicio de los analistas, este diálogo con empresarios puede ser un paso para mostrar que se está ocupando del problema y atenuar el golpe a su popularidad que genera la escasez.

"Pese a que el desabastecimiento es un problema negativo, al mismo tiempo es una oportunidad para llevar a los empresarios a Miraflores (Casa de Gobierno) y dar una imagen de diálogo", dijo a Efe Luis Vicente León, presidente de la consultora Datanálisis.

Sin embargo, para el gremio de comerciantes de Venezuela, Consecomercio, la estrategia oficial no aborda el "severo y costoso problema de fondo: la obsolescencia de los controles de precios y del inoperante control de cambio", según expresó en un comunicado.

Los controles de precios, con los que el Gobierno mantiene congelados un amplio rango de productos de la canasta básica, son vistos por los empresarios como los responsables de la escasez.

En los supermercados, los productos con precios regulados suelen ser los más difíciles de conseguir.

"Normalmente lo desabastecido son los productos regulados. De repente un día consigues azúcar pero al otro día no. Uno no se acostumbra, más bien lo sufre", dice a Efe Guillermo Moreno, un chileno residente más de 30 años en Venezuela, mientras recorre los pasillos de un supermercado en el barrio caraqueño de Los Palos Grandes.

El Gobierno ha defendido los controles y ha acusado a "empresas parasitarias" de abusar del esquema estatal de divisas y de contribuir al desabastecimiento cíclico de productos.

El presidente francés, François Hollande, defendió el domingo en Adís Abeba la libertad de manifestarse, en referencia a la movilización prevista el domingo en París en contra del matrimonio entre homosexuales, pero también llamó a cada cual a "asumir sus responsabilidades".

"La única recomendación que puedo hacer, es que la libertad de manifestarse en Francia es entera, pero que cada cual debe tener cuidado y asumir sus responsabilidades", indicó el presidente francés.

Hollande respondía a una pregunta de la prensa francesa, al margen de las celebraciones del 50º aniversario de la creación de la Organización para la Unión Africana.

Los contrarios al matrimonio entre parejas del mismo sexo, adoptada por el Parlamento francés en abril y promulgada el sábado de la semana pasada, han previsto volver a manifestarse el domingo en París.

En la víspera de esta concentración, el gobierno y la oposición de la Unión por un Movimiento Popular (UMP, conservador) se acusaron mutuamente de elevar la tensión. El primer ministro, Jean-Marc Ayrault, acusó a la oposición de provocar "la crispación y la radicalización".

El movimiento de movilización se ha visto desbordado por elementos radicales, venidos de grupúsculos identitarios y de la extrema derecha.

En los últimos días, las autoridades han multiplicado las advertencias en contra de los riesgos de provocación. El sábado, el ministro del Interior, Manuel Valls, "desaconsejó" a las familias con niños participar en la manifestación, "preocupado" por unas "amenazas" de los grupos de extrema derecha.

La oleada de disturbios que se ha extendido esta semana por la periferia de Estocolmo ha generado un intenso debate en Suecia sobre la creciente desigualdad social y económica y la marginación de los suburbios en un país considerado uno de los paradigmas del Estado de bienestar.

Coches, restaurantes, escuelas, comisarías y mobiliario urbano han sido incendiados en una veintena de barrios a las afueras de la capital, con una magnitud que recuerda a los altercados de hace cuatro años en Malmö, en el sur de Suecia.

Aunque, según la policía, la intensidad de los incidentes se ha reducido de forma progresiva, se han ido expandiendo, y esta madrugada afectaron a Örebro y Linköping, fuera del área metropolitana de la capital, donde viven más de dos millones de personas.

La Policía de Estocolmo, que ha recibido refuerzos del resto del país, ha detenido a más de veinte personas esta semana, la mayoría jóvenes, aunque solo una ha pasado de momento a prisión preventiva.

Las autoridades suecas descartan que sean grupos organizados y creo que se trata de pandillas que surgen de forma espontánea y se inspiran unas a otras en los distintos suburbios que tienen en común una alta concentración de población inmigrante y problemas sociales.

Ese es el caso de Husby, un barrio de 12.000 habitantes al oeste de Estocolmo donde comenzaron los primeros disturbios la noche del domingo, días después de que un inmigrante con problemas psíquicos murió por disparos de la policía en su apartamento, en un incidente que ha motivado la apertura de una investigación interna.

Aun reconociendo la marginalidad de los suburbios, el Gobierno ha encarado la cuestión como un problema de orden público.

"Me irritan mucho quienes intentan convertir a los lanzapiedras en portavoces de Husby u otros suburbios", ha dicho el ministro de Integración, Erik Ulenhag, que ha defendido una mayor presencia policial en la periferia de Estocolmo.

La oposición ha pedido responsabilidades políticas al Gobierno, aludiendo a los recortes sociales de los últimos siete años, acusaciones negadas por el primer ministro, el conservador Fredrik Reinfeldt, quien tardó casi dos días en pronunciarse.

Reinfeldt ha rechazado que exista una Suecia segregada, tachando de oportunista a la oposición y trazando una línea clara entre los "hooligans" y "nuestros héroes", los vecinos que se han manifestado estos días en varios barrios a favor de la calma.

Lo que Reinfeldt ha obviado es que buena parte de esos vecinos también han protestado por la marginalidad que sufren, reflejada en que en algunos de los suburbios la proporción de jóvenes de entre 20 y 25 años que ni estudian ni trabajan llega hasta el 40 %.

Un informe publicado recientemente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) muestra que Suecia es el país de la zona donde la pobreza relativa aumentó más entre 1995 y 2010.

La política liberal del Gobierno de Reinfeldt de recorte del gasto público y las prestaciones sociales, acompañada de una rebaja de impuestos, sobre todo a las empresas, ha ofrecido buenas cifras macroeconómicas, pero ha hecho crecer el paro -ahora en el 8,7 %, una cifra alta para Suecia- y la desigualdad.

Mientras mejor el bienestar en la parte alta de la sociedad, se estanca en los suburbios, estableciendo diferencias "crecientes" y "chocantes" en las grandes urbes, como destacó estos días en una crónica en el diario conservador "Svenska Dagbladet" Ove Sernhede, del Centro de Estudios Urbanos de la Universidad de Gotemburgo.

Save the Children, que trabaja en la periferia de Estocolmo, ha vinculado la revuelta con la "frustración creciente" por el paro y la pobreza, consecuencia de "una política de empleo deficiente y la escasez de recursos para las escuelas y los servicios sociales", en palabras de su máxima representante en Suecia, Elisabeth Dahlin.

Y el presidente de la Confederación de Empresarios Suecos, Jens Spendrup, ha admitido que el paro "es casi la única explicación".

Organizaciones que trabajan en la zona como Megafon han criticado a medios y políticos por "demonizar" a los jóvenes y por ocultar la marginación y la falta de esperanza que padecen, a la vez que han denunciado brutalidad policial e insultos racistas de los agentes.

"Se remonta a mucho tiempo atrás. Se trata de pequeños conflictos con la policía. Allá donde vas te registran. Te sientes como una persona perseguida", confesaba al informativo de anoche de la televisión pública "SVT" Hussein Alasadi, un joven de Tensta.

Su testimonio coincide con el de otros jóvenes anónimos que han aparecido en los medios suecos, hartos de "humillaciones" y que defienden la quema de coches como una forma de hacer oír su voz.

El excandidato presidencial opositor de Venezuela, Henrique Capriles, lamentó este viernes las burlas que se hacen sobre este país, con las mayores reservas petroleras del mundo, por el desabastecimiento de papel higiénico y sostuvo que la importación de ese producto anunciada por el gobierno no solucionará el problema.

"Somos la risa en otros países. Me han llamado de otros países para preguntarme, sorprendidos, que no entienden cómo es que ahora en Venezuela no se consigue el papel higiénico. Yo no tengo cómo explicarlo", dijo Capriles en un mitín político en la ciudad de Barquisimeto (oeste).

Desde hace casi un mes, en los comercios de todo el país se ha resentido el desabastecimiento de papel higiénico debido a una baja en la producción y las importaciones, lo que comerciantes atribuyen al hecho de que este producto tiene un precio controlado que es inferior hasta en cuatro veces a su costo real.

Este problema ha sido debatido al más alto nivel del gobierno venezolano, con el anuncio del ministerio de Comercio de la importación de 39 millones de rollos, operación que fue discutida y aprobada en la Asambleas Nacional el pasado martes.

Capriles consideró que las importaciones del gobierno no solucionarán el problema porque Venezuela cuenta con una población de poco más de 29 millones de habitantes y no alcanzará ni para dos rollos por persona.

"Tendremos que andar nosotros con un tapón o nadie come porque ademas dicen (los del gobierno) que no hay papel porque la gente come mucho y por eso va mucho al baño", añadió el líder opositor con tono irónico.

Los venezolanos han enfrentado en los últimos años el desabatecimiento periódico de distintos alimentos y productos, principalmente aquellos importados o los que requieren de insumos del exterior.

La cotización oficial del bolívar es 6,3 por dólar, pero el control de cambios dispuesto por el gobierno fomenta un mercado paralelo en el que el billete verde llega casi a quintuplicar su valor.

El gobierno tiene un mecanismo que permite acceder a empresas a dólares al precio oficial, pero implica un complicado proceso burocrático que obliga a comerciantes a atrasar o suspender importaciones o a adquirir dólares en el mercado paralelo, lo que encarece el producto.

Capriles fue derrotado por el presidente Nicolas Maduro en la elección del pasado 14 de abril por una diferencia de 1,49% puntos porcentuales, un resultado que la oposición desconoce y ha impugnado en el Tribunal Supremo de Justicia.

Voluntarios afganos distribuían el sábado 10.000 globos rosa por la paz en el centro de Kabul, en un acto organizado por un artista colombo-estadounidense, horas después de un atentado suicida y de un ataque de los insurgentes talibanes a la capital afgana que dejó siete muertos.

La distribución de globos efectuada en un parque de Kabul por un centenar de voluntarios, en su mayoría artistas afganos, es organizada por el artista Yazmany Arboleda, de 31 años, en el marco de un proyecto con globos, en favor de la paz, ya realizado en India, Japón y Kenia.

Arboleda, que reside en Nueva York, dijo a la AFP que pensó que tendría que "anular el acto" debido al ataque en el que murió un policía afgano. "Pensé en anular el acto pero todos estos voluntarios me pidieron que siguiera adelante. Podía escuchar las explosiones desde mi casa, pero todo el mundo proseguía con los preparativos", explicó.

Horas antes, el centro de Kabul se vio sacudido el viernes por un atentado con bomba reivindicado por los talibanes seguido de un tiroteo entre la policía y un grupo de hombres armados que se atrincheraron en un edificio de una organización internacional, en un ataque sin precedentes desde hace un año en la capital afgana.

Siete personas murieron --cuatro insurgentes, un policía y dos civiles-- y 17, entre ellas siete extranjeras, resultaron heridas, según un nuevo balance publicado el sábado por el ministerio afgano del Interior.

Entre los heridos figura una trabajadora italiana de la la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El sábado por la mañana la situación seguía siendo tensa en Kabul. Un kamikaze murió en una casa de la capital al hacer explotar de forma prematura sus explosivos, según la policía.

Gil Kerlikowske, el director de la Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, ha defendido la necesidad de cambiar de estrategia para lidiar con el problema de la droga en Estados Unidos. Kerlikowske ha defendido durante la presentación del Programa de Control de Detenciones por Abuso de Sustancias de 2012 que es imperioso acabar con la cultura de la guerra contra las drogas y abordar el asunto desde una perspectiva en la que prevalezca la salud pública frente a la seguridad, primando la prevención y el tratamiento. En esta transformación, la administración Obama está a favor de la despenalización para reducir el preocupante número de reclusos encarcelados por delitos menores relacionados con el consumo de estupefacientes, pero se opone a la legalización.

“Es hora de cambiar de eslogan, no podemos circunscribir la lucha contra las drogas a una guerra”, explicó Kerlikowske. El zar antidrogas del presidente Barack Obama ha respaldado la adopción de alternativas legales y judiciales que acaben con el círculo vicioso que criminaliza el uso de las drogas provocando la encarcelación de los consumidores. “Nada bueno puede salir cuando lo único que podemos hacer con un chaval al que se le pilla con marihuana es procesarlo por un cargo de posesión”, se ha lamentado Kerlikowske.

De los 2,2 millones de personas encarceladas en EE.UU., poco más de la mitad está en prisión por delitos relacionados con drogas, según el Censo de 2010. “Más de la mitad de los delincuentes por crímenes no relacionados con estupefacientes dan positivo en los tests antidrogas y eso implica que se les impongan nuevos cargos por consumo, esto es un problema”, ha indicado Kerlikowske. El experto en la lucha antidrogas de Obama aboga por una reforma de los códigos penales que no criminalice el consumo, que establezca penas alternativas a la prisión y que fomente los tratamientos de rehabilitación.

En esta línea, el último plan antidroga de la Casa Blanca que Kerlikowske presentó hace un mes prevé el incremento de los tribunales de drogas, que atienden casos de delitos menores relacionados con estupefacientes y en los que se aplican mediadas que hacen hincapié en el tratamiento y la rehabilitación. En EE.UU. hay alrededor de 2.500 tribunales de drogas, pero sólo el 3% de este tipo de procesados es juzgado en ellos. El plan de Obama también prevé la excarcelación de presos no peligrosos para incorporarlos a programas de rehabilitación. De la población reclusa, el 53% sufre problemas de adicción, pero menos del 15% recibe tratamiento. Kerlikowske ha destacado la importancia de la prevención y el tratamiento para la desintoxicación que, con la reforma sanitaria del presidente está cubierto. “La igualdad en el acceso a los programas de rehabilitación es una prioridad para esta administración”, ha subrayado Kerlikowske.

La administración Obama defiende la descriminalización, pero no está a favor de la legalización de las drogas como solución al problema. Kerlikowske ha dejado claro que no apoya las iniciativas de los estados de Colorado y Washington que han regularizado la venta, producción y consumo, en determinadas cantidades, de la marihuana.

El kirchnerismo cumple hoy una década en el poder. Diez años de gobierno ininterrumpido en los que analistas resaltan que Argentina ha tenido un enorme crecimiento económico, con mejores sociales, pero con graves problemas de corrupción y debilidad financiera . Con un estilo desafiante, Néstor Kirchner y su esposa y sucesora, Cristina Fernández de Kirchner, recibieron un país que tocaba fondo, un país sumido en una profunda crisis social, política y económica que, gracias a la habilidad política de Kirchner, supieron sortear.

En 2003 nadie se imaginaba que Néstor Kirchner, una figura política nueva y desconocida para muchos, iba a ser capaz de reconstruir un Estado todavía colapsado y golpeado por la grave crisis financiera de 2001. Sin embargo, este político oriundo de la Patagonia, que ganó en las urnas con sólo el 22% de los votos, supo arreglárselas para solucionar las falencias que sufrían los sectores humildes de la sociedad.

El camino no fue fácil, pero la estrategia dio excelentes resultados. Según la columnista Victoria Donda Pérez, del diario Infobae, como primera medida Kirchner reunió un equipo compuesto por los representantes mejor calificados de los partidos políticos existentes y se alió con los movimientos sociales que surgieron después de 2001. De este modo pudo remediar poco a poco los conflictos políticos y la insatisfacción general que había entre los argentinos.

Esta etapa de reconstrucción, reconoce Jorge Castro, analista político y director del Instituto de Planeamiento Estratégico de Argentina, se vio favorecida por un buen clima económico mundial que benefició a toda América Latina. Las grandes economías demandaban enormes cantidades de commodities (energía, agroalimentos, minerales, carnes), productos de los cuales Argentina posee un gran potencial, por tanto la situación atrajo un intercambio portentoso y la movilización de flujo de capitales sin precedentes.

De acuerdo con el reporte de la consultora económica Abeceb, desde 2003 hasta 2007 el gobierno de Néstor Kirchner logró resolver de manera exitosa tres puntos claves para apalancar el crecimiento del país sin dejar de lado la equidad: fomentó la inversión, generó empleo y desarrolló políticas de inclusión social. No obstante, falló en sentar las bases para sostener el desarrollo, ya que no hubo orden fiscal, monetario ni financiero suficiente, como no hubo una estrategia fuerte para procurar la inserción definitiva de Argentina en la economía global.

En 2007 Cristina Fernández asumió el legado de su marido, junto con todas sus inconsistencias, las cuales derivaron en época de escasez. Los paños de agua tibia ya no eran suficientes para sostener la economía. El análisis de Abeceb marca en este punto un desplome de la inversión, un mercado incapaz de generar puestos de trabajo en el sector privado —con lo que se vieron afectados los logros en inclusión social—, además de amenazado por una inflación que puso en alerta el poder adquisitivo de los argentinos.

A finales de 2011 ya no hubo escapatoria. Ante aquella estrategia de la no estrategia, como la designa Abeceb en su reseña, ante la falta de una política económica clara, de un todo organizador, temas de fondo como la inflación (que impacta tanto al común de los argentinos como a los empresarios y por la cual el Gobierno ha recibido sanciones por adulterar las cifras) y el desempleo (que se ubica en 7,2%) se han quedado hasta hoy sin resolver.

Castro asegura que todas estas condiciones mercantiles, sumadas a las denuncias por corrupción en las que se ha visto involucrada la presidenta, los conflictos que ha tenido con los sindicatos y la opinión pública, además de las medidas proteccionistas del mercado nacional, dejan una sensación en algunos sectores de la sociedad de que Cristina Fernández de Kirchner está gobernando de una manera aislada, y algunos se atreven a pensar que es también excluyente.

Analistas desechan la idea de la “década kirchnerista” o la “década ganada“, expresión del Gobierno que se contrapone a la de la “década perdida” para referirse a los años 80 en América Latina, y consideran que ese período está dividido entre la etapa de florecimiento económico de Néstor Kirchner y una actual de estancamiento.

Una periodista de la emisora egipcia Al-Nahar TV se atrevió a desafiar en plena entrevista al conocido imán fundamentalista Yusuf Badri.

La disputa entre Riham Said y el fundamentalista se dio por el uso del velo que la entrevistadora se negó a usar. (Ver video)

"¿Tengo que hacer esta farsa de ponerme el velo sólo para la entrevista?... “Usted, en su vida diaria, lidia todo el tiempo con mujeres musulmanas que no usan velo”, recalcó la periodista en estudio, antes de salir al aire, en un envío transmitido tiempo atrás pero que recién ahora empezó a circular por la web.

“Afuera del aire, usted puede hablarme sin que yo me ponga el hijab, pero después cuando los televidentes pueden observar, ¿usted me quiere hacer usarlo?”, exclamó molesta Said.

A lo que el religioso respondió: “Quizás te quieras quedar con el hijab después del programa, ¿quién sabe?”.

Cuando el programa salió al aire el tono de la polémica aumentó cuando la discusión se dio sobre supuestos acosos sexuales por parte de clérigos que practican exorcismos.

De inmediato, el imán pidió cambiar de tema con el argumento de que se trataba de una “provocación”, a lo que Said replicó: “Hable de cosas que le interesan a la gente”.

Entonces la periodista se retiró el velo y explicó: "Desde que comenzó la transmisión, no hizo otra cosa que atacarme y decir que recibió 1.000 liras egipcias por participar de la entrevista. (…) No le pagamos para que venga a gritarme".

Y el religioso contestó: "O cambia el discurso o me voy", a la vez que le pidió a la entrevistadora que volviera a ponerse el velo y amenazó con clausurar la emisora: “Haré cerrar el canal”, sentenció.

Pero la periodista se negó a ponerse el velo nuevamente y le aclaró que sólo lo usaría por Dios, mas no por él. "¿Por qué toma el dinero si nos quiere hacer cerrar?", arremetió la periodista egipcia.

Y agregó: "Estas son las personas que llevan a los medios a los tribunales. Es muy desafortunado que personas así se metan en nuestra religión. Soy yo la que se va, no tú", completó antes de abandonar la entrevista.